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Home2023-12-12T12:36:26+00:00

Francisco Miguel Ortigosa Villén es un Abogado con más de 15 años de experiencia en la defensa en procedimientos civiles y mercantiles, con una especial implicación y compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio al cliente, y con el cumplimiento de sus expectativas.

Comenzó su carrera profesional en el Despacho de D. José Ortigosa Villén, Profesor de la Facultad de Derecho de Las Palmas de Gran Canaria y titular de uno de los Despachos de referencia en Las Palmas de Gran Canaria y a nivel nacional en Derecho concursal y Derecho bancario.

Tras ampliar su experiencia en varios Despachos de la ciudad de Valencia, de 2010 a 2012 en un despacho especializado en Derecho concursal y de 2012 a 2014 en el Grupo Broseta, en 2014 funda el Despacho que lleva su nombre, ejerciendo desde entonces la profesión libre de la Abogacía, especializado en el área del Derecho civil y mercantil.

Responsabilidad social corporativa

El Despacho realiza actividades Pro-Bono en apoyo a los colectivos más desfavorecidos, ofreciendo asesoramiento jurídico a familias que tienen problemas con su situación económica y están afectadas por procesos de desahucio.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero) se asesora y ayuda a personas que se han quedado insolventes para la obtención de una segunda oportunidad.

Este mecanismo está funcionando especialmente bien con empresarios que afianzaron personalmente operaciones de su empresa, o con personas que perdieron su vivienda durante la crisis pero continúan con deudas por afianzamientos o por otros motivos. Además las últimas resoluciones de los Juzgados Mercantiles, en especial los de Barcelona, están aportando novedosas soluciones para incluso conservar la vivienda habitual, si pese al endeudamiento con otros acreedores, se tiene capacidad para seguir pagando la hipoteca.

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El Despacho realiza actividades Pro-Bono en apoyo a los colectivos más desfavorecidos, ofreciendo asesoramiento jurídico a familias que tienen problemas con su situación económica y están afectadas por procesos de desahucio.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero) se asesora y ayuda a personas que se han quedado insolventes para la obtención de una segunda oportunidad.

Este mecanismo está funcionando especialmente bien con empresarios que afianzaron personalmente operaciones de su empresa, o con personas que perdieron su vivienda durante la crisis pero continúan con deudas por afianzamientos o por otros motivos. Además las últimas resoluciones de los Juzgados Mercantiles, en especial los de Barcelona, están aportando novedosas soluciones para incluso conservar la vivienda habitual, si pese al endeudamiento con otros acreedores, se tiene capacidad para seguir pagando la hipoteca.

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